Un seguimiento deficiente en un centro de salud provocó taquicardias diarias y un deterioro respiratorio que culminó en el fallecimiento del paciente.
Un hombre perdió la vida en mayo de 2017 debido a un tratamiento inadecuado que agravó su estado de salud, según ha determinado el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. La Conselleria de Sanidad deberá indemnizar con 58.000 euros a la familia del fallecido por lo que se considera una mala praxis médica.
El paciente, que sufrió un empeoramiento respiratorio, ingresó en el hospital tras acudir a su centro de salud en febrero de 2017 por síntomas como dolor de cabeza y dificultades para respirar. Tras un diagnóstico inicial de crisis hipertensiva, fue dado de alta y tratado en el ambulatorio durante casi dos meses. Este tratamiento, según informes médicos, resultó inadecuado y desencadenó complicaciones graves, como taquicardias diarias, taquipnea, tos, enfermedad tromboembólica, miocardiopatía dilatada, insuficiencia cardiaca y hemoptisis.
El hombre fue considerado candidato a un trasplante cardiaco, pero su estado empeoró rápidamente. Un TAC craneal reveló focos hemorrágicos e isquémicos, y finalmente falleció por un shock cardiogénico. Aunque la familia presentó una denuncia penal contra el médico de atención primaria, este fue absuelto en 2022. Sin embargo, los familiares persistieron en la vía administrativa, argumentando que no se realizaron pruebas complementarias ni un diagnóstico integral, lo que retrasó un tratamiento adecuado. Inicialmente solicitaron 100.000 euros, pero la indemnización se redujo a 58.000 euros.
El Consell Jurídic basó su decisión en dos informes médicos. Mientras que el informe de funcionamiento no detectó irregularidades, el informe forense concluyó que la atención médica fue incorrecta, evidenciando una mala praxis. La inspección médica señaló que el médico de primaria no evaluó al paciente de forma integral, lo que impidió una derivación oportuna a especialistas y contribuyó al deterioro de su salud.
Cirugía negligente con graves secuelas
En otro caso, Sanidad compensará con 32.000 euros a una mujer que sufrió graves secuelas tras una operación en 2022. La paciente, que se fracturó el húmero derecho y la rótula izquierda tras una caída, fue intervenida quirúrgicamente, pero la técnica utilizada provocó la sección del nervio radial. Aunque la afectada solicitó inicialmente 256.000 euros, el Consell Jurídic estimó una cantidad menor.
La mujer padece ahora parálisis del brazo, trastornos motores y sensitivos, depresión crónica y una notable pérdida de calidad de vida, necesitando férulas permanentes y tratamientos privados de traumatología y fisioterapia. El informe médico señala que la técnica quirúrgica fue incorrecta, al quedar el nervio radial atrapado por un cerclaje, sin que se tomaran medidas para protegerlo ni se verificara su estado durante la intervención.
A pesar de que la paciente solicitó el alta voluntaria para continuar su tratamiento en otra comunidad, el informe de la Comisión de Valoración del Daño Corporal determinó que la asistencia sanitaria no cumplió con los estándares de la Lex Artis, al no detectar el atrapamiento del nervio radial tras la cirugía.
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