A raíz del artículo publicado el pasado 10/06/22 por el diario Levante – El Mercantil Valenciano, desde este despacho de abogados queremos expresar nuestra opinión y reflexión al respecto.
En Bruna Abogados defendemos el acceso de todos de forma igualitaria a la sanidad, ya sea pública, o privada.
Es obvio que el acceso a la sanidad privada se determina por el pago de los servicios médicos o el pago de un seguro de salud, pero en ningún caso puede venir determinado por la eliminación de pacientes por cuestiones de perfiles personales. Mucho menos en la sanidad pública. Ello nos llevaría incluso a una norma anticonstitucional y vulneradora de los derechos humanos.
¿Queremos ser ese tipo de sociedad? Y en caso de que esa norma se implantara, ¿Quién decide quien puede ser tratado? ¿Podría una simple denuncia ante la policía por parte de un médico evitar que dicho paciente recibiera asistencia sanitaria?
Desde Bruna Abogados apostamos por cualquier cambio legislativo que mejore nuestro sistema y funcionamiento sanitario y por supuesto que los médicos ejerzan su profesión con seguridad y respeto, pero nunca descartando la asistencia médica de algunos pacientes, pues es la base de nuestro sistema jurídico y sanitario.
La Ley nos ofrece a todos los ciudadanos la posibilidad de denunciar cualquier tipo de agresión recibida, y en caso de darse, tanto los Hospitales como los doctores tienen el mecanismo legal para enfrentar dicha agresión, pero no puede castigarse a los pacientes a no recibir asistencia sanitaria, vulnerándose los derechos más básicos del paciente.
Para terminar, aquí dejamos un breve fragmento del artículo publicado en dicho diario y un enlace al mismo para la lectura completa.
Sólo la mitad de los casos de insultos y agresiones en el interior de los hospitales y los centros de salud se denuncia. Con el objetivo de darle la vuelta a estas cifras, abogados y expertos en derecho sanitario piden a la administración una serie de medidas que animen a los médicos a denunciar más. «Entre ellas que se facilite que el facultativo pueda sacar de su cupo de pacientes conflictivos con antecedentes de agresiones», señala Guillermo Llago, abogado del Colegio de Médicos de Alicante y vicepresidente de la Asociación Derecho Sanitario. Actualmente, la ley hace posible que el médico que ha sufrido una agresión pueda dejar de atender a ese paciente e incluso a sus familiares, «pero en la práctica es inviable por la cantidad de trabas que existen».
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