Estas noticias haciéndose eco de sentencias que pueden resultar llamativas o alarmantes deben ser objeto de una mínima reflexión y análisis por parte de todos.
Como firmes defensores de los derechos de los pacientes y muy especialmente de su derecho a la salud y a recibir una asistencia acorde a su estado y necesidades, no dejamos de mostrar preocupación por este tipo de noticias.
Indudablemente estamos evolucionando y la sociedad debe adaptarse a la realidad de cada momento, ante lo cual todos los aspectos jurídicos deben acomodarse a estas situaciones.
Actualmente se debate el derecho a la muerte digna, la eutanasia, leyes sobre el aborto, etc… Algunos ejemplos los tenemos en sentencias del Tribunal Supremo que han declarado que un niño con graves malformaciones no puede reclamar por un nacimiento injusto, pues los tratados sobre derechos humanos tienen contemplado que un nacimiento nunca puede considerarse injusto desde el punto de vista del derecho a la vida, cuestión que estamos convencidos que se modificará.
Es cierto que en materia de alumbramiento también se han producido avances y cambios sustanciales, pues dentro de los avances sociales se encuentra un mayor conocimiento por parte de la población en general sobre todos los aspectos que rodean al momento de traer un hijo al mundo y, sobre todo, la posibilidad de elegir cómo hacerlo.
Hace un par de años hicimos una ponencia en una conferencia sobre este tema en el que participaban ginecólogos de varias ciudades españolas y algunos invitados de otros países europeos en los que se viene invitando a las parturientas a elegir sobre el modo en que quieren traer a su hijo al mundo.
La solución debatida no puede ser otra que la madre tiene derecho a estar informada de su situación, de sus posibilidades y, sobre todo, de los riesgos que puede conllevar someterse a un parto vaginal o por cesárea, «participando» junto al obstetra en dicha elección, siempre que no exista contraindicación para ello.
La afirmación de que «la decisión de parto vaginal o cesárea debe tomarla la madre, no el médico» no puede asumirse como válida para todos los casos, en absoluto, pues ahí sí que vemos una mala praxis profesional.
No hay que perder de vista que llegado un momento pueden estar en riesgo dos vidas, la de la madre o la del bebé, y no creemos que un derecho de un paciente pueda provocar el nacimiento de una persona con graves problemas.
Por otro lado, no podemos aceptar que se practiquen un sinfín de cesáreas para facilitar el tiempo libre o la agenda profesional del facultativo.
Si bien, debemos estar de acuerdo que cualquier forma de mal trato, humillación, vejación debe considerarse como un acto violento por parte del médico, es importante analizar cada caso desde un punto de vista de una posible negligencia médica, sobre todo si el hecho en cuestión ha causado un daño a la madre o al bebé.