La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha dictado sentencia, de fecha 29 de octubre de 2026, por la que condena a la Consellería de Sanidad a indemnizar con 125.000 euros, más los intereses y actualizaciones correspondientes, a la familia de un paciente de 74 años que falleció tras no diagnosticársele un aneurisma de aorta abdominal en el Hospital Francesc de Borja de Gandía.
La defensa del caso ha sido dirigida por los abogados Ica Aznar Congost y Juan Carlos Montealegre Bello, directores de Bruna Abogados.
¿Qué ocurrió?
El paciente venía presentando dolores en la zona lumbar y dorsal desde junio de 2022, habiendo acudido en distintas ocasiones a los servicios sanitarios sin que se le practicara ninguna prueba de imagen que permitiera identificar el aneurisma de aorta abdominal de grandes dimensiones que padecía.
El 2 de diciembre de 2022 acudió al Centro de Salud de Bellreguard tras un episodio de mareo y pérdida de conocimiento. Se constató una tensión arterial extremadamente baja (52/30 mmHg) y fue trasladado al Servicio de Urgencias del Hospital de Gandía.
Durante la asistencia refirió dolor abdominal y de espalda en los días anteriores, circunstancia que quedó recogida en el informe de Urgencias.
Pese a estos síntomas de alarma, los facultativos centraron el estudio en descartar un posible tromboembolismo pulmonar mediante un angioTAC de las arterias pulmonares (resultado negativo).
No se realizó ninguna prueba de imagen abdominal. El paciente recibió el alta sin que se hubiera identificado la causa del síncope ni se hubiera descartado un aneurisma de aorta.
Al día siguiente, 3 de diciembre de 2022, regresó al hospital tras otro episodio de pérdida de conocimiento, con empeoramiento importante, dolor abdominal intenso y alteraciones analíticas compatibles con hemorragia. Entonces se practicó un angioTAC abdominal que diagnosticó la rotura del aneurisma.
Fue trasladado urgentemente al Hospital General de Valencia, donde se le intervino mediante cirugía endovascular. Tras aproximadamente un mes de ingreso y diversas complicaciones, falleció el 4 de enero de 2023 por parada cardiorrespiratoria.
La negligencia médica reconocida
La propia Inspección Médica de la Consellería de Sanidad reconoció que la asistencia no había sido adecuada y que procedía asumir la responsabilidad patrimonial. Concluyó que, ante un paciente con dolor abdominal o lumbar, síncope e hipotensión, es necesario realizar un diagnóstico diferencial que contemple la posibilidad de un aneurisma de aorta, y que se dio el alta de forma precipitada.
Pese a ello, la Consellería desestimó la reclamación de la familia. El Tribunal rechaza los argumentos de la Administración y establece expresamente que:
Debió haberse realizado al paciente la prueba de TAC abdominal que habría revelado la verdadera patología que estaba sufriendo y que habría permitido su tratamiento ya en ese momento, aumentando significativamente sus posibilidades de supervivencia.
El Tribunal considera acreditada la infracción de la lex artis por no utilizar los medios diagnósticos adecuados ante un cuadro clínico con signos de alarma compatibles con una patología vascular potencialmente mortal. La falta de realización de dicha prueba privó al paciente de un diagnóstico y tratamiento más precoces.
La indemnización
La sentencia condena a la Consellería de Sanidad a abonar un total de 125.000 euros, distribuidos del siguiente modo:
- 60.000 € a la esposa
- 30.000 € a cada uno de los dos hijos
- 5.000 € al yerno (que convivía con el paciente)
La familia había solicitado 210.859,62 euros conforme al Baremo de accidentes de tráfico. El Tribunal fija las cantidades a tanto alzado mediante un “prudente arbitrio”.
Este caso pone de manifiesto las graves consecuencias que puede tener un diagnóstico incompleto en los servicios de Urgencias cuando concurren síntomas de alarma que obligan a descartar patologías potencialmente mortales antes del alta hospitalaria.
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